¿HAY QUE PAGAR LA DEUDA EXTERNA ?
Por Jorge Luis ELIZONDO *
Desde hace más de tres décadas los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con la deuda externa. Cada hijo que nace viene con una cuota parte de esa deuda ilegítima, impagable y eterna.
La dictadura realizó el trabajo sucio previo para convertir el endeudamiento en una enfermedad crónica que corroe desde entonces el organismo social y la vida de los argentinos, de forma tal que los gobiernos constitucionales posteriores han podido justificar el abandono de todo proyecto nacional de desarrollo autónomo con la supuesta imposibilidad de rehuir el cumplimiento puntual del pago de los “servicios de la deuda”.
Otra solución –se nos viene diciendo desde 1983- es imposible. Ni siquiera la moratoria o la suspensión de los pagos como decisión soberana en función del desarrollo económico y social, ha figurado en la agenda de los gobiernos posibilistas y entreguistas, que en este aspecto han sido continuidad de la dictadura. En muchas oportunidades se ha hecho referencia a la necesidad de respetar los compromisos contraídos por el Estado argentino, aún durante la etapa de la dictadura, lo que implica negar toda ruptura y consentir la continuidad jurídica de la misma.
Lo primero que se plantea en relación a la deuda es la ilegitimidad de su origen: una dictadura genocida contrajo esta deuda en beneficio del capital financiero internacional y de la gran burguesía terrateniente e industrial de nuestro país, y para que ello fuera posible impuso el terrorismo de Estado: la desaparición forzada de personas, las detenciones sin proceso, las torturas, las cesantías y la persecución política y gremial.
No sólo se trata de deuda pública, de empréstitos contraídos por el Estado, sino también de deuda privada de las grandes corporaciones que fuera convertida en deuda pública por la acción de un joven Domingo Cavallo que hizo sus primeras armas como Presidente del Directorio del Banco Central de la dictadura.
Pero hay otro aspecto, que no siempre se pone de relieve para demostrar la ilegitimidad de la deuda: el hecho de que ese dinero nunca fue utilizado en beneficio del desarrollo de nuestro país, ni siquiera ingresó al mismo; sino que –por el contrario- la deuda externa fue empleada para destruir su economía, quebrar empresas y suprimir puestos de trabajo.
Hay muchos genocidas que hoy están siendo juzgados –y algunos condenados- por los tribunales de nuestro país; pero ninguno de los genocidas sociales y económicos, como Martínez de Hoz, Cavallo o Dromi –por citar algunos ejemplos- han sido condenados, ni siquiera enjuiciados por los graves crímenes cometidos contra el pueblo argentino.
Este genocidio social continúa y se profundiza durante el menemismo a una escala sólo imaginable en países que han sufrido el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, con su trágico epílogo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. La diferencia es que en nuestro caso no ha existido –como en Europa Occidental- ningún Plan Marshall; sino que el imperialismo, a través de sus organismos de crédito internacionales, ha hecho aún más profundas las consecuencias del endeudamiento, ensañándose con aquellos países que como la Argentina en los 90 cumplieron estrictamente con los deberes exigidos por el Consenso de Washington.
Las sucesivas renegociaciones de la deuda externa a través de diversos mecanismos (Plan Brady, megacanje y sucesivos canjes) no se ha traducido en un proceso de desendeudamiento. Por el contrario, ha significado un mayor endeudamiento, que tampoco se ha reflejado en una mayor acumulación interna, en obras públicas de envergadura, en planes de vivienda, en incremento sustancial de puestos de trabajo, ni en mejoras de las condiciones de vida del pueblo.
No es posible plantear una vía autónoma de desarrollo con la continuidad de estas políticas de convalidación de una deuda ilegítima.
Nunca dejamos de pagar esta deuda, y la pagamos –como alguna vez proclamó Avellaneda- sobre el hambre y el sudor de los argentinos; la pagamos con desocupación y precarización, con la destrucción y liquidación de las empresas del Estado, con la degradación de la educación y la salud pública, con la continuidad de las privatizadas, etc.
La deuda externa no disminuye, muy por el contrario, no deja de crecer. Desde 1983 se han pagado US$ 220.000 millones y se deben US$ 178.000 millones. La deuda con los organismos financieros nunca se dejó de pagar, más aún, con la salida de la convertibilidad, el Estado no ha hecho otra cosa que abonar y tomar nueva deuda. Entre el 2001 y el 2009, ascendió de 140.000 a los 178.000 millones. El pago de los intereses para el 2004 rondó los 5.000 millones de dólares, y en 2010 hace falta el triple, otros 15.000 millones de dólares. Hay pagos programados hasta el año 2041.
El denominado Fondo del Bicentenario fue implementado por el Gobierno nacional a través del DNU 2010/09 a fin de garantizar y eventualmente pagar con reservas disponibles servicios de la deuda externa: la suma de 6.569 millones de dólares, discriminados en 2.187 millones destinados al pago de deuda con organismos multilaterales y 4.382 millones para cancelar deuda con acreedores privados. Reconoce en su exposición de motivos que también persigue como objetivo ganar la confianza de los mercados internacionales y salir a tomar nueva deuda. Tener disponible en el Tesoro Nacional ese fondo, sin que sea necesario esperar la recaudación prevista en la Ley de Presupuesto, permitiría al Gobierno nacional abaratar el costo financiero. En otras palabras: lograr nuevos créditos con una tasa de interés anual del 5 % en lugar del 14 % que ha pagado la Argentina hasta hoy.
La ley de Presupuesto 26.546 ha previsto partidas para el pago de la deuda externa, y a fin de afrontar “amortización de deuda pública y otros pasivos” ha autorizado en su artículo 4º al Poder Ejecutivo para endeudarse por la suma de 40.000 millones de dólares, sin que esto desatara ningún escándalo público entre los viejos y nuevos defensores de la pretendida autonomía del Banco Central.
Ante la avalancha de amparos y medidas cautelares promovidas ante la Justicia, el Gobierno sanciona un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 298/2010, cuyo artículo 1º dice: Con la finalidad de la disminución del costo financiero por ahorro en el pago de intereses, créase el Fondo del Desendeudamiento Argentino que se destinará a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010, integrado por hasta la suma de U$S 4.382.000.000.-), que el Banco Central de la República Argentina deberá transferir al Tesoro Nacional de las reservas de libre disponibilidad.
El artículo quinto subraya que "la operación de crédito público necesaria para la constitución del Fondo del Desendeudamiento Argentino es una de las operaciones incluidas dentro de la autorización otorgada por el artículo 43 de la Ley 26.546" (Ley de Presupuesto). Crea una comisión bicameral de seguimiento del cumplimiento del Decreto.
A su vez, el Decreto 297 dispone la cancelación de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financieros internacionales hasta la suma de 2.187 millones de dólares; y en cumplimiento del mismo el Banco Central transfiere a cuentas del Tesoro Nacional dicho monto. La reacción de la oposición fue inmediata y provoca una nueva medida “suspensiva” del DNU por parte de la Jueza en lo Contencioso Administrativo Rodríguez Vidal.
La confrontación política desatada en todos los terrenos: parlamentario, judicial y mediático se ha convertido en una cortina de humo que no permite advertir cuáles son los intereses en juego.
Habría que recordar que el endeudamiento de nuestro país en las últimas décadas ha registrado dos hitos fundamentales: aumento de un 364 % en la dictadura, y de un 123 % durante el menemismo. Los resultados están a la vista. De las 500 empresas más importantes, dos tercios son extranjeras. Controlan el 69 por ciento de la producción, el 70 por ciento de las exportaciones y el 84 por ciento de las ganancias. De las 30 empresas líderes, sólo 5, son nativas. En la cúpula patronal del bloque dominante, el 82 por ciento, está integrada por firmas extranjeras o empresas argentinas multinacionales. Todas las estructuras operativas y administrativas del Estado Nacional fueron diseñadas en los años ´90, y hoy perduran.
Perdura la regresividad de la distribución del Ingreso, sigue sin poder alcanzar porcentajes significativos la participación de la clase trabajadora en el PBI.
No se ha avanzado en una transformación profunda que permita revertir las injusticias pasadas ya que se ha decidido no modificar en nada las reformas administrativas, institucionales y económicas de fondo que ha dejado funcionando el menemismo.
Se mantienen privatizadas áreas productivas estratégicas y los servicios públicos estatales. Continúa el disciplinamiento social mediante la desocupación y la precarización laboral. En los seis años que lleva éste último gobierno no se ha desterrado la oligopolización de los mercados, siguen beneficiándose las grandes empresas exportadoras multinacionales.
Continuamos con un Estado endeudado, dependiente de las divisas del mercado externo, empresas exportadoras fortalecidas y un mercado externo ejerciendo supremacía sobre el interno.
Debemos avanzar hacia un profundo cambio estructural, que debe contemplar la suspensión de los pagos de la deuda externa, su investigación y la independencia total de los organismos multilaterales de crédito.
Creemos que no es posible reiterar un pago total similar al efectuado al FMI en el 2006 : 10.000 millones de dólares, que fue efectuado por Decreto y con reservas, sin que ninguno de los voceros parlamentarios que hoy se muestran escandalizados por los decretos del Poder Ejecutivo hayan alzado siquiera la voz para oponerse.
El aquelarre organizado por casi todos los partidos de la oposición el 3/3/10, en el que coincidieran Carrió, Menem, la UCR, el PRO y los socialistas; tiene como objetivo que los intereses de la deuda externa del corriente año (15.000 millones de dólares) sean pagados (esto no se discute, dijo el Senador Sanz) con los recursos del Presupuesto. Ello supone que la Argentina debería salir a endeudarse en el mercado internacional (con el costo financiero de dos dígitos) o en su caso debería afrontarse la deuda a través del recorte de partidas presupuestarias destinadas a los planes sociales, jubilaciones y obras públicas.
Por su parte, la Presidenta de la Nación insiste en pagar parte de los servicios de la deuda externa con reservas a través del ahora llamado Fondo de Desendeudamiento; lo que permitiría que tal pago pudiera concretarse sin necesidad de limitar los objetivos económicos y sociales previstos en el Presupuesto.
Creemos que gobierno y oposición de derecha continúan planteando un falso dilema: pagar la deuda externa con ajuste o con reservas; cuando el problema consiste en resolver si se debe o no pagar una deuda que ha sido declarada ilegítima en virtud de la sentencia del Juez Ballesteros en el 2000; y que las sucesivas novaciones realizadas por los gobiernos constitucionales han pretendido convalidar.
Tanto uno u otro camino implican la inserción aún mayor de la Argentina en el marco de un sistema inmerso en una profunda crisis que es integral: crisis financiera, crisis real cíclica, energética, ecológica, del sector alimentario, política, ideológica y moral. Todas estas crisis se hicieron una sola crisis mundial a partir de Septiembre de 2008, de tal manera que querer convivir por separado con alguna de ellas, liberándose de otras, es un grave error. Pretender obtener mayores ventajas de una “mayor inserción en el mundo”, salir al mercado financiero a endeudarse fuertemente con un costo más accesible con el fin de pagar los servicios de la deuda externa; contraer deuda nueva para pagar deuda vieja, constituye una grave irracionalidad.
Entendemos que la decisión debe ser suspender el pago de la deuda externa y encarar con decisión el desafío de crear mejores condiciones de vida para el pueblo.
El temor al default no puede ser un obstáculo, cuando EE UU se permite ser el país más endeudado del mundo y no pagarle a nadie, y emitir sin control alguno los dólares y bonos del Tesoro con los que inunda los mercados internacionales.
Contra aquellos que recuerdan con preocupación el default del 2001 dispuesto por el entonces presidente Rodríguez Saa, con el aplauso enfervorizado de muchos legisladores que hoy son fervientes defensores de la “independencia del Banco Central”, uno de los dogmas del Consenso de Washington, afirmamos que lo que proponemos no es una medida desesperada o producto de la impotencia o la imposibilidad de pagar la deuda externa, sino una decisión soberana del pueblo.
Proponemos que se convoque a una consulta popular vinculante sobre la deuda externa, a fin de que el pueblo pueda conocer y decidir acerca de su destino; porque bien sabemos que el juego de las instituciones de la democracia formal, encarnada en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no garantiza por sí mismo la democracia real, que el pueblo pueda expresarse libremente, sin presiones de ninguna índole, sobre uno de los problemas que condiciona el presente y compromete el futuro de nuestro país.
Cabe aclarar que no basta con suspender los pagos de los servicios de la deuda externa, si el ahorro continúa canalizándose hacia los beneficiarios de la renta petrolera, minera y agraria, los exportadores de granos y demás grupos económicos que se beneficiaron y continúan beneficiándose de la política económica del Estado argentino. La reindustrialización no dependerá fundamentalmente de las inversiones privadas, sino de la inversión y el crédito públicos. Pero si los fondos públicos –aún los que fueren producto de la decisión soberana de suspender los pagos de la deuda externa- se dirigen a empresas privadas que se hallan al borde de la cesación de pagos y dependen del subsidio estatal, es muy probable que una vez más –en lugar de ser empleados en la reactivación- contribuyan a incentivar la fuga de divisas o su inversión en planes de reestructuración que signifiquen más pérdidas de puestos de trabajo, como ocurre con muchas grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
Para salir del pantano de la dependencia, la Argentina debe incorporarse sin mayores dilaciones al ALBA, saliendo de la órbita del decadente sistema monetario internacional surgido en la postguerra de los acuerdos de Bretton Woods.
La suspensión de los pagos de la deuda externa constituye una necesidad para relanzar nuestra economía, para canalizar hacia la inversión productiva los fondos que son producto del trabajo argentino.
No ignoramos que esta decisión soberana tendría no pocos enemigos: políticos, economistas y empresarios que son voceros locales de los intereses del capital financiero internacional.
Pero la huella de nuestros próceres de Mayo, de los héroes de la Independencia (Belgrano, Castelli, Moreno, Artigas, entre otros) nos impone este camino. Es cierto que –así como en 1840 una flota anglo-francesa impuso un feroz bloqueo y unos años más tarde una cañonera británica pretendió imponernos el pago de una deuda con el Banco de Londres-, hoy el Imperio dispone de la IV Flota y los británicos han resuelto explotar el petróleo en el mar de nuestras Malvinas. Pero existen en nuestra América claros ejemplos de resistencia a los que debe sumarse la Argentina.
Somos una gran Nación. La historia no perdona a los pueblos que no adoptar las decisiones necesarias para construir un país sin hambre, ni pobreza, ni exclusión, verdaderamente independiente y con justicia social.
Por Jorge Luis ELIZONDO *
Desde hace más de tres décadas los argentinos nos hemos acostumbrado a convivir con la deuda externa. Cada hijo que nace viene con una cuota parte de esa deuda ilegítima, impagable y eterna.
La dictadura realizó el trabajo sucio previo para convertir el endeudamiento en una enfermedad crónica que corroe desde entonces el organismo social y la vida de los argentinos, de forma tal que los gobiernos constitucionales posteriores han podido justificar el abandono de todo proyecto nacional de desarrollo autónomo con la supuesta imposibilidad de rehuir el cumplimiento puntual del pago de los “servicios de la deuda”.
Otra solución –se nos viene diciendo desde 1983- es imposible. Ni siquiera la moratoria o la suspensión de los pagos como decisión soberana en función del desarrollo económico y social, ha figurado en la agenda de los gobiernos posibilistas y entreguistas, que en este aspecto han sido continuidad de la dictadura. En muchas oportunidades se ha hecho referencia a la necesidad de respetar los compromisos contraídos por el Estado argentino, aún durante la etapa de la dictadura, lo que implica negar toda ruptura y consentir la continuidad jurídica de la misma.
Lo primero que se plantea en relación a la deuda es la ilegitimidad de su origen: una dictadura genocida contrajo esta deuda en beneficio del capital financiero internacional y de la gran burguesía terrateniente e industrial de nuestro país, y para que ello fuera posible impuso el terrorismo de Estado: la desaparición forzada de personas, las detenciones sin proceso, las torturas, las cesantías y la persecución política y gremial.
No sólo se trata de deuda pública, de empréstitos contraídos por el Estado, sino también de deuda privada de las grandes corporaciones que fuera convertida en deuda pública por la acción de un joven Domingo Cavallo que hizo sus primeras armas como Presidente del Directorio del Banco Central de la dictadura.
Pero hay otro aspecto, que no siempre se pone de relieve para demostrar la ilegitimidad de la deuda: el hecho de que ese dinero nunca fue utilizado en beneficio del desarrollo de nuestro país, ni siquiera ingresó al mismo; sino que –por el contrario- la deuda externa fue empleada para destruir su economía, quebrar empresas y suprimir puestos de trabajo.
Hay muchos genocidas que hoy están siendo juzgados –y algunos condenados- por los tribunales de nuestro país; pero ninguno de los genocidas sociales y económicos, como Martínez de Hoz, Cavallo o Dromi –por citar algunos ejemplos- han sido condenados, ni siquiera enjuiciados por los graves crímenes cometidos contra el pueblo argentino.
Este genocidio social continúa y se profundiza durante el menemismo a una escala sólo imaginable en países que han sufrido el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, con su trágico epílogo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. La diferencia es que en nuestro caso no ha existido –como en Europa Occidental- ningún Plan Marshall; sino que el imperialismo, a través de sus organismos de crédito internacionales, ha hecho aún más profundas las consecuencias del endeudamiento, ensañándose con aquellos países que como la Argentina en los 90 cumplieron estrictamente con los deberes exigidos por el Consenso de Washington.
Las sucesivas renegociaciones de la deuda externa a través de diversos mecanismos (Plan Brady, megacanje y sucesivos canjes) no se ha traducido en un proceso de desendeudamiento. Por el contrario, ha significado un mayor endeudamiento, que tampoco se ha reflejado en una mayor acumulación interna, en obras públicas de envergadura, en planes de vivienda, en incremento sustancial de puestos de trabajo, ni en mejoras de las condiciones de vida del pueblo.
No es posible plantear una vía autónoma de desarrollo con la continuidad de estas políticas de convalidación de una deuda ilegítima.
Nunca dejamos de pagar esta deuda, y la pagamos –como alguna vez proclamó Avellaneda- sobre el hambre y el sudor de los argentinos; la pagamos con desocupación y precarización, con la destrucción y liquidación de las empresas del Estado, con la degradación de la educación y la salud pública, con la continuidad de las privatizadas, etc.
La deuda externa no disminuye, muy por el contrario, no deja de crecer. Desde 1983 se han pagado US$ 220.000 millones y se deben US$ 178.000 millones. La deuda con los organismos financieros nunca se dejó de pagar, más aún, con la salida de la convertibilidad, el Estado no ha hecho otra cosa que abonar y tomar nueva deuda. Entre el 2001 y el 2009, ascendió de 140.000 a los 178.000 millones. El pago de los intereses para el 2004 rondó los 5.000 millones de dólares, y en 2010 hace falta el triple, otros 15.000 millones de dólares. Hay pagos programados hasta el año 2041.
El denominado Fondo del Bicentenario fue implementado por el Gobierno nacional a través del DNU 2010/09 a fin de garantizar y eventualmente pagar con reservas disponibles servicios de la deuda externa: la suma de 6.569 millones de dólares, discriminados en 2.187 millones destinados al pago de deuda con organismos multilaterales y 4.382 millones para cancelar deuda con acreedores privados. Reconoce en su exposición de motivos que también persigue como objetivo ganar la confianza de los mercados internacionales y salir a tomar nueva deuda. Tener disponible en el Tesoro Nacional ese fondo, sin que sea necesario esperar la recaudación prevista en la Ley de Presupuesto, permitiría al Gobierno nacional abaratar el costo financiero. En otras palabras: lograr nuevos créditos con una tasa de interés anual del 5 % en lugar del 14 % que ha pagado la Argentina hasta hoy.
La ley de Presupuesto 26.546 ha previsto partidas para el pago de la deuda externa, y a fin de afrontar “amortización de deuda pública y otros pasivos” ha autorizado en su artículo 4º al Poder Ejecutivo para endeudarse por la suma de 40.000 millones de dólares, sin que esto desatara ningún escándalo público entre los viejos y nuevos defensores de la pretendida autonomía del Banco Central.
Ante la avalancha de amparos y medidas cautelares promovidas ante la Justicia, el Gobierno sanciona un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 298/2010, cuyo artículo 1º dice: Con la finalidad de la disminución del costo financiero por ahorro en el pago de intereses, créase el Fondo del Desendeudamiento Argentino que se destinará a la cancelación de los servicios de la deuda con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2010, integrado por hasta la suma de U$S 4.382.000.000.-), que el Banco Central de la República Argentina deberá transferir al Tesoro Nacional de las reservas de libre disponibilidad.
El artículo quinto subraya que "la operación de crédito público necesaria para la constitución del Fondo del Desendeudamiento Argentino es una de las operaciones incluidas dentro de la autorización otorgada por el artículo 43 de la Ley 26.546" (Ley de Presupuesto). Crea una comisión bicameral de seguimiento del cumplimiento del Decreto.
A su vez, el Decreto 297 dispone la cancelación de la totalidad de los vencimientos de capital e intereses con organismos financieros internacionales hasta la suma de 2.187 millones de dólares; y en cumplimiento del mismo el Banco Central transfiere a cuentas del Tesoro Nacional dicho monto. La reacción de la oposición fue inmediata y provoca una nueva medida “suspensiva” del DNU por parte de la Jueza en lo Contencioso Administrativo Rodríguez Vidal.
La confrontación política desatada en todos los terrenos: parlamentario, judicial y mediático se ha convertido en una cortina de humo que no permite advertir cuáles son los intereses en juego.
Habría que recordar que el endeudamiento de nuestro país en las últimas décadas ha registrado dos hitos fundamentales: aumento de un 364 % en la dictadura, y de un 123 % durante el menemismo. Los resultados están a la vista. De las 500 empresas más importantes, dos tercios son extranjeras. Controlan el 69 por ciento de la producción, el 70 por ciento de las exportaciones y el 84 por ciento de las ganancias. De las 30 empresas líderes, sólo 5, son nativas. En la cúpula patronal del bloque dominante, el 82 por ciento, está integrada por firmas extranjeras o empresas argentinas multinacionales. Todas las estructuras operativas y administrativas del Estado Nacional fueron diseñadas en los años ´90, y hoy perduran.
Perdura la regresividad de la distribución del Ingreso, sigue sin poder alcanzar porcentajes significativos la participación de la clase trabajadora en el PBI.
No se ha avanzado en una transformación profunda que permita revertir las injusticias pasadas ya que se ha decidido no modificar en nada las reformas administrativas, institucionales y económicas de fondo que ha dejado funcionando el menemismo.
Se mantienen privatizadas áreas productivas estratégicas y los servicios públicos estatales. Continúa el disciplinamiento social mediante la desocupación y la precarización laboral. En los seis años que lleva éste último gobierno no se ha desterrado la oligopolización de los mercados, siguen beneficiándose las grandes empresas exportadoras multinacionales.
Continuamos con un Estado endeudado, dependiente de las divisas del mercado externo, empresas exportadoras fortalecidas y un mercado externo ejerciendo supremacía sobre el interno.
Debemos avanzar hacia un profundo cambio estructural, que debe contemplar la suspensión de los pagos de la deuda externa, su investigación y la independencia total de los organismos multilaterales de crédito.
Creemos que no es posible reiterar un pago total similar al efectuado al FMI en el 2006 : 10.000 millones de dólares, que fue efectuado por Decreto y con reservas, sin que ninguno de los voceros parlamentarios que hoy se muestran escandalizados por los decretos del Poder Ejecutivo hayan alzado siquiera la voz para oponerse.
El aquelarre organizado por casi todos los partidos de la oposición el 3/3/10, en el que coincidieran Carrió, Menem, la UCR, el PRO y los socialistas; tiene como objetivo que los intereses de la deuda externa del corriente año (15.000 millones de dólares) sean pagados (esto no se discute, dijo el Senador Sanz) con los recursos del Presupuesto. Ello supone que la Argentina debería salir a endeudarse en el mercado internacional (con el costo financiero de dos dígitos) o en su caso debería afrontarse la deuda a través del recorte de partidas presupuestarias destinadas a los planes sociales, jubilaciones y obras públicas.
Por su parte, la Presidenta de la Nación insiste en pagar parte de los servicios de la deuda externa con reservas a través del ahora llamado Fondo de Desendeudamiento; lo que permitiría que tal pago pudiera concretarse sin necesidad de limitar los objetivos económicos y sociales previstos en el Presupuesto.
Creemos que gobierno y oposición de derecha continúan planteando un falso dilema: pagar la deuda externa con ajuste o con reservas; cuando el problema consiste en resolver si se debe o no pagar una deuda que ha sido declarada ilegítima en virtud de la sentencia del Juez Ballesteros en el 2000; y que las sucesivas novaciones realizadas por los gobiernos constitucionales han pretendido convalidar.
Tanto uno u otro camino implican la inserción aún mayor de la Argentina en el marco de un sistema inmerso en una profunda crisis que es integral: crisis financiera, crisis real cíclica, energética, ecológica, del sector alimentario, política, ideológica y moral. Todas estas crisis se hicieron una sola crisis mundial a partir de Septiembre de 2008, de tal manera que querer convivir por separado con alguna de ellas, liberándose de otras, es un grave error. Pretender obtener mayores ventajas de una “mayor inserción en el mundo”, salir al mercado financiero a endeudarse fuertemente con un costo más accesible con el fin de pagar los servicios de la deuda externa; contraer deuda nueva para pagar deuda vieja, constituye una grave irracionalidad.
Entendemos que la decisión debe ser suspender el pago de la deuda externa y encarar con decisión el desafío de crear mejores condiciones de vida para el pueblo.
El temor al default no puede ser un obstáculo, cuando EE UU se permite ser el país más endeudado del mundo y no pagarle a nadie, y emitir sin control alguno los dólares y bonos del Tesoro con los que inunda los mercados internacionales.
Contra aquellos que recuerdan con preocupación el default del 2001 dispuesto por el entonces presidente Rodríguez Saa, con el aplauso enfervorizado de muchos legisladores que hoy son fervientes defensores de la “independencia del Banco Central”, uno de los dogmas del Consenso de Washington, afirmamos que lo que proponemos no es una medida desesperada o producto de la impotencia o la imposibilidad de pagar la deuda externa, sino una decisión soberana del pueblo.
Proponemos que se convoque a una consulta popular vinculante sobre la deuda externa, a fin de que el pueblo pueda conocer y decidir acerca de su destino; porque bien sabemos que el juego de las instituciones de la democracia formal, encarnada en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no garantiza por sí mismo la democracia real, que el pueblo pueda expresarse libremente, sin presiones de ninguna índole, sobre uno de los problemas que condiciona el presente y compromete el futuro de nuestro país.
Cabe aclarar que no basta con suspender los pagos de los servicios de la deuda externa, si el ahorro continúa canalizándose hacia los beneficiarios de la renta petrolera, minera y agraria, los exportadores de granos y demás grupos económicos que se beneficiaron y continúan beneficiándose de la política económica del Estado argentino. La reindustrialización no dependerá fundamentalmente de las inversiones privadas, sino de la inversión y el crédito públicos. Pero si los fondos públicos –aún los que fueren producto de la decisión soberana de suspender los pagos de la deuda externa- se dirigen a empresas privadas que se hallan al borde de la cesación de pagos y dependen del subsidio estatal, es muy probable que una vez más –en lugar de ser empleados en la reactivación- contribuyan a incentivar la fuga de divisas o su inversión en planes de reestructuración que signifiquen más pérdidas de puestos de trabajo, como ocurre con muchas grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.
Para salir del pantano de la dependencia, la Argentina debe incorporarse sin mayores dilaciones al ALBA, saliendo de la órbita del decadente sistema monetario internacional surgido en la postguerra de los acuerdos de Bretton Woods.
La suspensión de los pagos de la deuda externa constituye una necesidad para relanzar nuestra economía, para canalizar hacia la inversión productiva los fondos que son producto del trabajo argentino.
No ignoramos que esta decisión soberana tendría no pocos enemigos: políticos, economistas y empresarios que son voceros locales de los intereses del capital financiero internacional.
Pero la huella de nuestros próceres de Mayo, de los héroes de la Independencia (Belgrano, Castelli, Moreno, Artigas, entre otros) nos impone este camino. Es cierto que –así como en 1840 una flota anglo-francesa impuso un feroz bloqueo y unos años más tarde una cañonera británica pretendió imponernos el pago de una deuda con el Banco de Londres-, hoy el Imperio dispone de la IV Flota y los británicos han resuelto explotar el petróleo en el mar de nuestras Malvinas. Pero existen en nuestra América claros ejemplos de resistencia a los que debe sumarse la Argentina.
Somos una gran Nación. La historia no perdona a los pueblos que no adoptar las decisiones necesarias para construir un país sin hambre, ni pobreza, ni exclusión, verdaderamente independiente y con justicia social.
· Abogado. Profesor Universitario U.N.R.
*Democracia Popular - Rosario - en Convocatoria por la Liberación Nacional y Social
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