(AW) En la Ciudad de Buenos Aires, pasadas las 18:00hs de hoy, más de diez mil personas marcharon desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo tanto para repudiar la creciente criminalización de la protesta como para exigir la libertad y la anulación de las causas judiciales de más de cinco mil luchadores populares en todo el país.
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2011.
Fuente:ANRed
A principios de octubre, tras el ataque a delegados de la línea 60 de colectivos y la detención de dirigentes y trabajadores ferroviarios, se conformó un espacio que agrupa organizaciones gremiales, de Derechos Humanos, sociales y estudiantiles. El principal objetivo es consensuar acciones conjuntas ante la creciente judicialización de la protesta social.
Luego de la movilización al cumplirse un año del asesinato de Mariano Ferreyra, se planteó una nueva marcha que tuvo lugar hoy, miércoles 23 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo las consignas:
- Libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros, Germano y a todos los presos por luchar
- Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas para los 5000 luchadores obreros y populares
- Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.
La movilización partió pasadas las 18:00 horas desde Congreso y se dirigió a Plaza de Mayo, donde tuvo lugar un acto, en el que se dio lectura al documento conjunto (ver al final) ante más de diez mil personas.
En consonancia, en otras ciudades del país, como en Tucumán y Rosario, se realizaron marchas con consignas similares. Cabe destacar que en la ciudad santafesina se procesó recientemente a referentes sindicales y políticos en el marco de la causa que investiga los hechos del 3 de diciembre de 2008, cuando la conducción nacional del gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) intentó copar la sede local de sindicato.
A continuación, reproducimos el documento consensuado entre las organizaciones participantes:
Compañeros y compañeras:
Marchamos hoy para decir ¡Basta a la criminalización de la protesta social! Estamos presentes en nuestra histórica Plaza de Mayo para exigir la inmediata libertad de los presos por luchar, el desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas de los luchadores y el fin de las patotas sindicales y paraestatales.
Una vez más, con dolor y con bronca, tenemos que denunciar también en la Plaza, un nuevo asesinato de un luchador popular. Hace apenas unos días, el 16 de noviembre, fue muerto en Santiago del Estero, el compañero Cristian Ferreira, por las patotas de los terratenientes que asolan al movimiento campesino. Así, en el último año, son ya 15 nombres de hombres y mujeres de nuestro pueblo, los que engrosan la lista de asesinados, por las fuerzas represivas y las patotas, en ocasión de ejercer su legítimo derecho al reclamo. Hoy, 23 de noviembre, se cumple un año del asesinato de los hermanos de los pueblos originarios de Formosa.
Los últimos años estuvieron poblados de manifestaciones, huelgas, cortes de calle y de rutas, ocupaciones de fábricas y de tierra, acampes, piquetes, las más diversas formas de movilización en defensa de los derechos obreros y populares.
Ante estas demandas, el gobierno de Cristina Kirchner -que se autoproclama defensor de los derechos humanos y dice que no criminaliza la protesta social-, ha avanzado crecientemente en la respuesta represiva, persigue judicialmente, con el código penal en la mano - como dijo Aníbal Fernández- a todos los que luchan, y organiza patotas paraestatales o es cómplice directo de las patotas de la burocracia sindical.
Denunciamos que hoy están presos Carlos Olivera. directivo de SITRAIC, el delegado petrolero de Santa Cruz Víctor Oñate, los compañeros sin techo de Jujuy Mario Tapia y Aldo Claros, y la militante politica e hija de desaparecidos Karina Germano. Para todos ellos exigimos su inmediata libertad.
Hace pocas semanas fue detenido brutalmente e incomunicado durante varios días el dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero junto a otros trabajadores. La inmediata movilización popular conquistó su liberación y, recientemente, el dictamen de "falta de méritos", en la causa montada contra él. Esta causa es parte de una persecución política contra el cuerpo de delegados del Sarmiento.
Simultáneamente a estos hechos se produjo el ataque de las bandas de la UTA y la patronal al cuerpo de delegados de la línea 60, que incluyó el ataque a los compañeros delegados Farella y Nestor Marcolin que fue respondida por la acción de los trabajadores expulsando las patotas. Estos sucesos fueron los desencadenantes de una inmensa movilización a esta Plaza , con la que lanzamos esta campaña contra la criminalización de la protesta.
Hoy , en esta marcha, como lo hemos hecho con Carlos Fuentealba y con Lázaro Duarte, exigimos justicia por los chicos de Bariloche Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, por Mariano Ferreyra, por Roberto López y Mario López de Formosa, por Mártires López de Chaco, por Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canavari del Indoamericano, por Ariel Farfán, Felix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán de Jujuy, por cristian Ferreira de Sgo del Estero .
Denunciamos también en esta plaza que la desaparición forzada de personas sigue siendo una herramienta del aparato represivo del estado, que con la acción u omisión de los gobiernos nacional y provinciales, permite la desaparición del compañero Julio López en el 2006, de Luciano Arruga en el 2009, y de Luciano González en Corcovado, Chubut en 2009; con la consiguiente impunidad de los responsables políticos y materiales.
La represión directa, en muchos casos con balas, palazos y brutales golpizas por las policía Federal y las policías locales, por gendarmería y prefectura, se ha desplegado sobre los docentes salteños y santacruceños, sobre los trabajadores del Casino, del Subte, de Kraft-Terrabusi, Mafissa, Pagoda, Dana, Petroleros, ferroviarios, vendedores ambulantes, luchadores por tierra y vivienda y tantos otros, y sobre numerosas manifestaciones estudiantiles y populares.
En la ciudad de Buenos Aires denunciamos la acción complementaria de la policía Federal y la Metropolitana de Macri, que contiene entre sus principales cuadros a funcionarios policiales de la época dictatorial.
Al mismo tiempo, para contener la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados por trabajo, contra los despidos, por salarios o condiciones dignas de trabajo, y de todos los sectores populares movilizados en defensa de sus reivindicaciones, en estos años se ha llegado a procesar a más de 5000 delegados sindicales, trabajadores y luchadores populares.
Prácticamente no hay comisión interna o cuerpo de delegados combativos e independientes de la burocracia sindical que no tenga o haya tenido procesados entre sus miembros.
Ejemplo de ello son los ferroviarios del Sarmiento, del Roca y del Mitre, opositores a la mafia de Pedraza; los delegados de la línea 60, los compañeros de la comisión interna y los dirigentes de la lucha de Kraft-Terrabusi Hermosilla, Bogado, María Rosario y Lorena Gentile, así como dirigentes políticos como Vilma Ripoll y Néstor Pitrola que se solidarizaron con su lucha del 2009. En este caso, se instaló una modalidad represiva que es el abrir causas a dirigentes políticos por presencia solidaria, e incluir en todos los procesos los informes de los agentes infiltrados de la gendarmería.
También están procesados los delegados del Teatro Colón, los dirigentes de la histórica lucha del Hospital Garrahan, el dirigente portuario Pancho Montiel, trabajadores de Call Center, del Subte, de ATE de Las Heras, de Editorial Colihue, de Fasinpat (Zanón), de FATE, Hospital Francés, y numerosos dirigentes del movimiento de desocupados, líderes estudiantiles y ambientalistas, luchadores que han encabezado o acompañado el movimiento por tierra y vivienda como en el caso del Indoamericano, miembros de los pueblos originarios que defienden su derecho a las tierras ancestrales. Sobre todos ellos pesan decenas de causas, algunas de ellas muy graves, como el reciente procesamiento de los dirigentes Eduardo Delmonte y de Carlos Ghioldi, acusados de asesinato en riña en la ciudad de Rosario en ocasión de haber llevado su solidaridad a los Trabajadores de Atilra quienes estaban siendo brutalmente atacados por una patota de la burocracia y cuyos dirigentes también se encuentran procesados.
El gobierno de Macri también impulsa la política de criminalización de la protesta. Durante este año aprobó el decreto 330 para regimentar los centros de estudiantes de la Capital Federal. Denunciamos también el nuevo proyecto complementario de la ley antiterrorista enviado por el poder ejecutivo al congreso en el mes de octubre de este año.
Estar procesado es en sí mismo una amenaza, una intimidación y un castigo, un verdadero intento de mordaza a la lucha social. Los compañeros son víctimas de órdenes de captura arbitrarias; siendo en su mayoría de condición humilde, ven embargados sus sueldos y sus viviendas; y son víctimas de una persecución policial y judicial sistemática.
Más grave aún es la situación de los compañeros condenados, cuya libertad actual pende de un hilo.
Las represalias judiciales son complementarias con otra metodología: la de la "tercerización de la represión" a manos de patotas organizadas por la burocracia sindical y paraestatales. Así están los Favale, reclutados para emboscar a los tercerizados del ferrocarril Roca en el ataque que costó la vida a Mariano Ferreyra; son los atentados de las bandas de la UTA y de la patronal contra los delegados de los chóferes de la 60. También fue la UTA la que agredió a los
compañeros del Subte y a los choferes de larga distancia agrupados en la UCRA, oportunidad en la que atentaron contra la sede de la CTA Capital.
Las patotas son las autoras de las amenazas y agresiones que sufren los obreros de la construcción agrupados en el Sitraic por parte de los matones de Gerardo Martínez, el buchón de los genocidas que llegó a la secretaría general de la UOCRA a través del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura.
Fue una patota de la UOCRA, al servicio del gobernador Peralta, la responsable de los ataques a los docentes y estatales de Santa Cruz. Los trabajadores del INDEC vienen sufriendo desde hace años las patotas de Moreno y UPCN.
El objetivo del Gobierno con la criminalización de la protesta, al igual que con la amenaza de quitar la personería de los técnicos aeronáuticos y la militarización de los controladores aéreos, junto con la negativa a otorgar personería gremial a sindicatos independientes y combativos, es disciplinar y regimentar al movimiento obrero y popular para descargar sobre los trabajadores y el pueblo la crisis en curso. Mientras tanto continua la fuga de capitales de los grandes monopolios , el pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, el saqueo de nuestros recursos naturales y la depredación ambiental.
Ya hay un tarifazo en marcha, anuncian una política de topes salariales por debajo de la inflación- como se ve en la no homologación por parte del Ministerio de Trabajo del aumento del 35% a los trabajadores rurales-, y la reducción del gasto público y social, un impuesto inflacionario que golpea el bolsillo de los trabajadores y jubilados y el inicio de suspensiones en varias fábricas.
No queremos despidos, ni suspensiones, ni tarifazos, ni ajustes, ni cepos salariales; no queremos la impunidad de los burócratas sindicales: exigimos el cese de las persecuciones y atropellos contra los luchadores y el juicio y castigo efectivo a los Pedraza, los Gerardo Martínez, y a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos y ataques contra los trabajadores y luchadores populares.
Compañeros y compañeras: El gobierno ha redoblado su política de criminalización de la protesta, en el intento de frenar las luchas que recorren hoy la Argentina, pero sobre todo las luchas que se avecinan para que la crisis no la paguemos los trabajadores y el pueblo. Decenas de organizaciones, dirigentes sindicales, cuerpos de delegados, comisiones internas, organismos de derechos humanos y partidos políticos respondemos con el lanzamiento de esta campaña nacional contra la criminalización de la protesta.
Esta marcha de repudio a la política represiva contra los luchadores obreros y populares, y el petitorio que estamos impulsando para que miles y miles se pronuncien, son parte de esta decisión de movilizarnos.
Reafirmamos en esta Plaza que ante cada ataque represivo al legítimo derecho a luchar y a reclamar de nuestro pueblo, responderemos con más lucha, más organización, más solidaridad y más unidad.
No a la criminalización de la protesta social!!!
Exigimos al gobierno:
Libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar.
Desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas de los 5000 luchadores obreros y populares.
Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.
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